VUELVE LA MAFIA

Desde hace más de 100 días todo lo que escuchamos es sobre el coronavirus, vemos a Vizcarra en sus mensajes de positividad contando lo excelente que va todo. Para él todo está bien, con la meseta que solo él la vio. Sin embargo, te has preguntado hasta qué punto puede usarse la crisis social de la pandemia para evitar que nos enteremos de situaciones preocupantes que importan de la misma manera, ¿qué cosas están pasando desapercibido en el país y solo vemos a Vizcarra en los medios? Es posible que esto no sea una coincidencia, la intención es desviar nuestra atención mientras intereses particulares intentan apoderándose, en medio de nuestra desgracia de salubridad.

El acuerdo con las clínicas privadas, podrían significar un fuerte desembolso del Estado hacia el empresariado, representado por las clínicas privadas. ¿Por qué ahora?, cuando denunciaron el sobre costo de las privadas por las pruebas moleculares hace meses, a nadie le importó. ¿Será el acuerdo populismo puro, que beneficia a la CONFIEP?

El exorbitante sobrecosto de un omeprazol a 165 soles, cuando su precio en el sector público es un sol. Cuatro mil soles por noche en UCI, veinte mil o 50 mil por contagiado, es un abuso y asesinato al paciente. ¡Claro que no se le debe permitir el abuso! Pero dándole la plata que piden, no. El Estado puede regular los precios de las clínicas, el Congreso puede ayudar con medidas que regulen las clínicas y evitar que abusen ante la demanda de medicamentos y centros de salud. No sólo está el artículo 70 de la Constitución, se puede recurrir al artículo 59 y el 72. Estos argumentos legales, incluso la propia ley sectorial de Salud, son normas con salidas legales ante estas situaciones de abuso frente a la salud pública. Empero, ya está el acuerdo con los empresarios de clínicas privadas.

El Estado les destinará 55 mil soles por cada paciente. ¿Quién verifica a cuántos pacientes atendieron? ¿Bajo qué concepto se elegirá, quién va y quién no a las privadas?, son aun espacios no claros que pueden ser usados por algún rapiño que quiere seguir lucrando con la salud.

Por otro lado, pasa piola lo que están haciendo los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que remplaza al fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), justamente por los audios de la vergüenza y el escándalo de Los Cuellos Blancos. Desde febrero que asumieron, no se han pronunciado por los casos de Pedro Gonzalo Chávarry y Tomás Gálvez implicados en la organización criminal. Estos individuos repudiados por sus actos, siguen ostentando el grado de fiscales supremos, igual que muchos otros inamovibles en sus puestos, gracias en buena parte a la complicidad de un Congreso que los blindó.

Descaradamente el fiscal supremo Tomás Gálvez presentó denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, quien lo investigó en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. No solo eso, el 12 de julio próximo, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) deberá decidir si ratifica por otros cuatro años o designa en reemplazo del fiscal Luis Carlos Arce Córdova en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los fiscales supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez podrían decidir que Sánchez sea el nuevo represente del Ministerio Público en el JNE, con lo cual es harto probable que luego sumen a Arce Córdova y podrán arrinconar o neutralizar cualquier decisión de Soraida Ávalos. Qué significa esto, que con un solo movimiento esta mafia neutralice al fiscal supremo que los investiga, ponen en jaque a la fiscal de la Nación, Soraida Avalos o se posicionen en el JNE. En todas las posiciones podrían ganar, si no se hace nada. Su finalidad de todos estos investigados por sus vínculos con los Cuellos Blancos, es menoscabar toda la investigación en su contra y traerse abajo a los que los investigan. Un peligro que solo Domingo Pérez lo advirtió, pero nadie hizo caso. Claro, están todos los medios ocupados con la pandemia.

A propósito de Chavrry investigado por su cercanía a keiko Fujimori, qué tal insolencia la contratación de la excongresista Karina Beteta como asesora en la Comisión de Inteligencia del Congreso. Y la exlegisladora fujimorista Milagros Salazar como asesora principal en la Comisión de Relaciones Exteriores. ¡Qué tal descaro! No están de purita casualidad, su cargo en esas comisiones tiene un fin, y dudo que sea por los intereses públicos. Estemos atentos.

En tanto, en Ica seguimos en zona roja con porcentaje elevado en letalidad, pero el gobernador sigue paseando con su muñeco matacovid. La inteligencia no dio para más, esa es la capacidad de gestión frente a una pandemia, un muñeco vestido con los colores de su partido.  En Chincha, un irresponsable alcalde provincial denunciado por la propagación del virus. ¿Tanto le cuesta desprenderse del sillón municipal?, ni su salud lo movió a desprenderse de su entornillado cargo. Pero le costará muy caro. La fiscalía hará su trabajo. 

Cuidémonos, porque el Estado y los gobernantes hace rato que dejaron de hacerlo. Se impuso la economía sobre la salud. Queda cuidarnos por nuestra cuenta.

Luz Mery Canales Trillo

Periodista

CPP N° 271