CONCIENCIA CIUDADANA

 


En unos días volvemos a las urnas, esta segunda vuelta a dividido el país en dos posturas extremas, un porcentaje mínimo se mantiene incierto. Aparecen los Castillistas y Keikistas, que pelean hasta con la familia y amigos la defensa de su candidato. Innecesario totalmente. El desgaste de defensa podría ser por las ideas no por las personas. Siendo así, la clara diferencia marcada entre ambos candidatos es el modelo económico regulado en la Constitución.

Aun con vigencia la Constitución de 1993 regula una economía social de mercado. Para explicar mejor, esto vendría a ser las normas que regulan la posición del Estado en materia económica, empresarial y de inversión.

¿Porqué Perú Libre quiere cambiarlo; ¿y, porqué Fuerza Popular mantenerla? Ambos candidatos se han basado solo en pullas, populismo y enfrentamientos. No están centrando su discurso en mostrar los verdaderos cambios que se necesitan estructuralmente como país. Pero, ¿es la solución el cambio de Constitución? Recordemos que, a diferencia de otros países, como EE. UU que tiene y se rige bajo una sola Constitución. El Perú, lleva 12 Constituciones cambiándose al antojo de cada gobernante de turno.

Nuestra economía actual se basa en promover la competencia, la inversión privada, el respeto a la propiedad. Este régimen económico ha funcionado –al menos parcialmente- en la práctica. Nos dio estabilidad económica; el país ha crecido a un ritmo aceptable en las últimas décadas. Este modelo se creó junto a nuevos organismos reguladores, establecidos también en la Constitución. Y con ellos llegó la tramitología, burocracia y excesiva regulación, que han sido un lastre.

Sin embargo, este modelo solo se ocupó de mantener un crecimiento económico por encima del 2.5%; no se llegó a superar el 4% que tanto se prometía en campañas políticas. Peor aún, el enfoque que se dio ha sido exclusivamente a las grandes empresas nacionales y trasnacionales. El modelo no se dirigió a los pequeños y medianos empresarios del país. Al punto que la informalidad gobierna a un 70%. No se formalizan por la excesiva burocracia y exigencia tributaria que no se le exige en misma medida a las grandes empresas, sin igualdad de oportunidades, generándose desigualdad social.

Este es el resultado de un modelo económico social de mercado que olvidó el aspecto netamente social. Mantuvimos un crecimiento estable económicamente, pero no ocurrió lo mismo en el desarrollo como país. El desarrollo no se mide con dinero, sino con calidad de vida.

La pandemia ha desenmascarado este modelo económico que antes algunas voces lo decían. Parte de este resultado es el pésimo y delincuencial gobierno de los últimos presidentes involucrados con Odebrecht.  

Cuando se habla de desarrollo estamos hablando de la calidad educativa, acceso a una atención de calidad en Salud, eficiente conectividad. Justamente aquellas áreas que estamos en déficit. Entonces, no podemos decir que este modelo económico tuvo éxito en el aspecto social. Las consecuencias de esta pandemia han sido el desempleo, el retorno a la pobreza de millones y la precariedad en el acceso a Salud, incertidumbre, duelos y más muertos.

Estas consecuencias no solo son un problema de “gestión” son intrínsecos al modelo impulsado en la década del 90. Cuestionarlo no implica renunciar al libre mercado, pero sí repensar el rol regulador y redistribuidor que se le impuso al Estado y no lo cumplió.

Hoy padecemos ante la crisis educativa sin conectividad; la deserción escolar y universitaria; el alto grado de desempleo; crece la informalidad; es inevitable el retorno a la pobreza de quienes se consideraban familias de clase media. La subsistencia desde el 16 de marzo de 2020, ha obligado que limiten su alimentación, arriesguen sus vidas para trabajar y lo gasten en balones y oxígeno para sobrevivir. Esta clemente situación ocurre mientras médicos y enfermeros indolentes se aprovechan. Testimonios de familiares y pacientes han denunciado prácticas delincuenciales de los profesionales de la salud.

Mientras más se requiere de la ayuda entre prójimos, más fuerte es el puñal que se recibe. Antonio Cabana, estuvo internado en el hospital de Ica. Mientras se restablecía del Covid-19; las enfermeras se robaban sus medicinas. Para comunicarse con un familiar, los obligaban a recargar sus celulares. Todo tiene un costo dentro y ese dinero es producto del actuar ilícito de médicos y enfermeras sin sensibilidad. Otros más criminales, roban las vacunas y engañan a los abuelitos. Dónde están; Defensoría del Pueblo y Ministerio Público.

Los primeros párrafos suelen desconocer y no importarles a los electores, pero es tan importante que sus efectos van en esto último relatado. Afecta más a los indefensos y vulnerables. Cumplamos con el país y seamos participes, informémonos y compartamos información que ayude a quitarle la venda de los ojos a los demás. Necesitamos el compromiso del ciudadano y que las muchas marchas en protesta se reflejen en las urnas este 6 de junio.

 

 

 

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