MEDIDAS CUESTIONADAS PERO NECESARIAS

No cabe duda que la coyuntura social es aplastante cuando se trata de excelsas figuras políticas; sin embargo, mientras se trate de una persona de a pie, las cosas no tienen la misma repercusión. Después de la muerte de quien fue dos veces presidente de la República, se cuestionó el “exceso” de los fiscales al solicitar la prisión preventiva, una medida cautelar que consiste en mantener detenido en una cárcel a un investigado para evitar su fuga o que este obstaculice el proceso de investigación.

La figura penal de prisión preventiva, es una medida cautelar de carácter personal que necesariamente debe cumplir tres requisitos para que el juez conceda el pedido que formula el Ministerio Público.
Primero; que la pena que se le imputa al investigado sea mayor a cuatro años. Segundo; que exista elementos de convicción de que el sujeto imputado haya realizado la conducta antijurídica o prohibida. Tercero; la existencia de posibilidad de fuga y obstaculización a la investigación. De no cumplirse estos requisitos el juez rechaza el pedido de la fiscalía.

La mañana del 17 de abril, Alan García Pérez se suicidó. Huyó para no responder a la justicia peruana. Una orden judicial a las 6.30 a.m. a su domicilio alertaba que no tenía otra salida. El momento de ejecutar el plan que decidió hace meses había llegado.  El fiscal Henry Amenábar Almonte, miembro del equipo especial, ejecutaba la medida judicial de allanamiento, descerraje y detención preliminar por diez días.

Luego de su muerte, los apristas intentaron cambiar la historia con la supuesta decisión motivada por una presunta persecución que sufría el fallecido. Seamos claros y directos, Alan García sabía que estaba acorralado, las evidencias que recabó la fiscalía eran suficiente para una prisión preventiva y lo quiso evitar. Entonces, todos cuestionaron el supuesto abuso del Ministerio Público en los casos de prisión preventiva al que también fueron sometidos Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Sofia Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski. Allí, nadie dijo nada y todos aplaudían la medida.

Qué hay con aquellos presuntos delincuentes que son encarcelados con prisión preventiva por hurto de celulares, robo de un balón de gas, por qué ahora debe limitarse al Ministerio Público de sus atribuciones, bajo la premisa de abuso cuando se solicita prisión preventiva. La ley está hecha para todos, todo aquel que se presume es delincuente -por delinquir- debe ser procesado con el mismo procedimiento normado en el código penal peruano. Se jactan al decir que estamos bajo un Estado de Derecho, pero pretenden desnaturalizarlo.

La autonomía e independencia de poderes, debe mantenerse y sobre ninguna razón debe primar uno sobre otro. No más impunidad. Como cualquier ciudadano exijo una exhaustiva investigación fiscal y un motivado fallo de los magistrados. Caiga quien caiga.
Que no se pretenda justificar la caída de los grandes con supuestos abusos. La fiscalía es quien dirige la investigación y tiene la tarea de indagar hasta encontrar la verdad y probarlo. Las revelaciones de Barata y recientemente de Miguel Atala complican situación de muchos más ex altos funcionarios.
El trabajo debe continuar, sin excesos ni abusos, con criterios razonables para buscar la verdad.  La prisión preventiva siempre será una medida cuestionada pero necesaria para evitar casos como Hinostroza y Toledo.

Luz Canales Trillo

Periodista

CPP N° 271- ICA